Google habría suspendido su inversión en centros de datos en España

21 de octubre de 2026

Cada vez que le preguntas algo a Gemini o abres un archivo de Google Drive, tu petición viaja a un centro de datos, un edificio con miles de servidores que no se apagan nunca. Google llevaba más de un año estudiando levantar en España uno de los grandes, un campus «hiperescalar», y lo ha dejado en suspenso a la espera de un decreto del Gobierno, según publicó El Mundo el martes 20 de octubre de 2026. Google no lo ha confirmado.

Ese decreto pondría condiciones a los centros de datos de 1 megavatio o más. La más discutida les obliga a que el 80 % de lo que consumen salga de renovables nuevas y a que eso se cumpla hora a hora, también de noche. Google Cloud declinó hacer comentarios a El Mundo, y a miércoles 21 de octubre no consta que Google, el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ni la patronal Spain DC hayan dicho nada más en público. El Gobierno quiere aprobar el texto antes de las elecciones generales del domingo 29 de noviembre, el «29-N».

Lo que cuenta El Mundo y lo que nadie ha confirmado

La información es de Carlos García Pozo y José M. Rodríguez Silva, y se apoya en «varias fuentes» que el diario no identifica. Según ellas, Google ha suspendido sus planes para un gran campus en España, con una inversión de miles de millones de euros, por «el clima regulatorio actual». El Mundo añade que en los niveles más altos del Gobierno la acogida al proyecto fue fría, en plena pelea de Pedro Sánchez con las grandes tecnológicas.

El Mundo lo presenta como una pausa, no como una cancelación. El propio periódico escribe que España «aún no tiene perdida la partida» y que la primera parada será el texto que apruebe el Consejo de Ministros antes de las elecciones. Xataka, DatacenterDynamics (DCD), DirectorTIC y Neoteo han recogido la noticia citando a El Mundo, sin datos nuevos de Google.

Hay contexto que ayuda a leerla. Google es socia de Spain DC, la patronal de los centros de datos, que ha llegado a decir que el decreto podría acabar con el sector. El presidente de asuntos globales de Google, Kent Walker, se reunió el jueves 8 de octubre en Madrid con el presidente de la CNMC, según publicó El Confidencial y recoge Xataka. La CNMC asegura que hablaron de competencia y no del decreto.

Google construye campus propios en el norte de Europa; en España solo tiene naves de terceros

Google ya da servicio desde España. Abrió en 2021 su región de Google Cloud en Madrid, pero en instalaciones de socios, naves de otras empresas que llenó con sus servidores. Aquel plan, de 650 millones de euros a cinco años, incluía también el cable submarino Grace Hopper, que llega a tierra en Sopela (Vizcaya). Lo que ahora queda en el aire sería un campus propio, como los que Google está levantando en el norte de Europa con sus TPU, los chips de IA con los que compite con Nvidia.

La compañía tiene prisa por construir. Su consejero delegado, Sundar Pichai, reconoció en los resultados de julio que no tiene infraestructura suficiente para toda la demanda de sus clientes, y la inversión que prevé llega a 205.000 millones de dólares. Google ha anunciado 13.000 millones de euros en Finlandia, 5.500 en Alemania hasta 2029, 5.000 en Bélgica y casi 4.000 en Países Bajos, además de su primer centro en los Alpes, en Kronstorf (Austria), según la recopilación de El Mundo.

Si se siguen esos anuncios en el mapa, bajan de norte a sur y se paran en la costa mediterránea. El Mundo ve ahí un hueco de infraestructura propia que España todavía puede llenar. Spain DC ve el riesgo contrario, que lo llenen Portugal, Italia, Polonia o Francia, como dijo su presidente, Emilio Díaz, en septiembre.

La estación del cable Sol, en Santander

Sol es un cable submarino de Google que unirá Santander con Palm Coast, en Florida, con paradas en las Bermudas y las Azores. Tendrá 16 pares de fibra y, según Xataka, será el único cable de fibra óptica entre Europa y Florida. Un cable así necesita en tierra un edificio que reciba la fibra, procese los datos y los pase a la red de Google en el continente. DCD lo describe como una «estación de amarre y procesamiento de datos».

Para ese edificio, Google compró 5.907,77 metros cuadrados en el extremo oeste del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), junto a Viesgo. Lo anunció en mayo de 2026 la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, y el precio rondó los cinco millones de euros, según fuentes de El Diario Montañés. El 23 de septiembre, ese diario contó que Google ya había pedido la licencia de obra al Ayuntamiento de Santander para la «Estación Marítima», como se llama el edificio dentro del proyecto. El cable empezará a tenderse en el segundo trimestre de 2027 y debería funcionar en el tercero.

¿Está parado? Aquí las fuentes no coinciden. Xataka escribe que es «el proyecto más afectado», y DCD lo repite. El Mundo, en cambio, menciona la parcela solo como una de las inversiones de Google en España, sin decir que se haya detenido, y DirectorTIC aclara que está «por determinar» cómo afecta la pausa al proyecto cántabro. Queda otra duda que nadie resuelve. El decreto pone sus obligaciones principales a los centros con 1 megavatio o más de potencia de acceso a la red (y la de publicar datos de eficiencia, a partir de 500 kilovatios de potencia informática). Ninguna fuente da la potencia de la estación de Santander ni dice si cuenta como «centro de datos» a efectos del decreto, así que no se sabe si le tocaría.

Lo que exige el borrador del decreto

El nombre oficial es largo, «Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos». Lo preparan tres ministerios (Transición Ecológica; Economía; y Transformación Digital), estuvo en audiencia pública del 27 de agosto al 10 de septiembre de 2026 y desarrolla un mandato del Real Decreto-ley 7/2026, el plan de respuesta a la crisis de Oriente Medio. Quitando la jerga, pide lo que resume esta tabla.

Qué pide	Qué significa	Artículo del borrador
A quién se aplica	A los centros con 1 megavatio o más de potencia de acceso a la red, o a varios del mismo dueño en el mismo sitio. Desde 500 kilovatios de potencia informática, solo la obligación de publicar datos de eficiencia. Quedan fuera los de defensa, protección civil y seguridad pública.	Art. 2
Soberanía digital	La empresa debe estar establecida en la UE, y los registros, metadatos y datos de funcionamiento que controle se quedan en la UE (quedan fuera los sistemas y datos de los clientes a los que el operador no tiene acceso ni control). Para alojar datos del sector público protegidos por el Esquema Nacional de Seguridad, todo, copias incluidas, tiene que quedarse en la UE.	Art. 5
Eficiencia	La clase A de la futura etiqueta europea, prevista para agosto de 2027. Hasta entonces, un PUE de 1,15 como mucho y un WUE de 0,1 como mucho.	Art. 6 y DT 4.ª
Renovables nuevas	El 80 % del consumo, con autoconsumo o con contratos de compra (PPA) de 10 años o más con plantas españolas que empiecen a funcionar como mucho 18 meses antes que el centro. Comprar garantías de origen no basta.	Arts. 8 y 12
Hora a hora	Cada hora, al menos el 80 % de lo que consume tiene que estar respaldado por renovables producidas en esa misma hora.	Art. 9
La excepción	Si dos años antes las renovables superaron el 90 % de la electricidad generada en España, se da por cumplido, con un tope de horas de consumo de la red.	Art. 7
Recargos	Quien falle paga más en los peajes y cargos de su factura eléctrica, entre un 10 % y un 500 % más según cuánto incumpla.	Art. 10
Pérdida de permisos	Si durante cinco años seguidos las renovables nuevas no cubren al menos el 60 % del consumo anual, o la correlación horaria falla en el 20 % de las horas o más, se puede abrir un procedimiento para quitarle los permisos de acceso y conexión a la red.	Art. 11
Proyectos en marcha	Los que esperan permiso tienen tres meses para adaptarse. Los que lo tienen y aún no están conectados, seis, o lo pierden. También pueden renunciar sin perder sus avales.	DT 1.ª y 3.ª, DA 2.ª

Resumen del proyecto que salió a audiencia pública; la versión final puede cambiar. DT es disposición transitoria y DA, disposición adicional. Fuente: MITECO, proyecto de real decreto (agosto de 2026).

Dos de esas siglas piden traducción. El PUE compara toda la electricidad que entra en el edificio con la que llega a los servidores. Un 1,15 quiere decir que, por cada 100 kilovatios hora de cómputo, se gastan como mucho otros 15 en refrigeración, pérdidas y el resto del edificio. El WUE hace la cuenta con el agua: los litros que entran al centro por cada kilovatio hora que gastan sus servidores. Un WUE de 0,1 son 0,1 litros por kilovatio hora.

Lo de «hora a hora» es lo que más pesa. Con una media anual, un centro puede firmar un contrato con una planta solar, que produce de sobra a mediodía, y compensar con ese exceso lo que consume de noche. Con la correlación horaria, a las tres de la madrugada también tiene que haber detrás un 80 % de renovables producidas en ese momento. El resumen de alegaciones que acompaña al informe de la CNMC recoge que comunidades, eléctricas y promotores lo ven difícil de cumplir «especialmente en horas nocturnas».

La CNMC aprobó ese informe sobre el proyecto el 22 de septiembre y se conoció a principios de octubre. Comparte el objetivo de que los centros de datos no encarezcan la luz al resto, pero cree que no es eficiente exigir renovables nuevas ni la correlación estricta en las horas en las que ya sobra electricidad. Solo en el primer semestre de 2026 hubo casi 600 horas con precios negativos. Pide valorar el almacenamiento y la gestión de la demanda, dar más tiempo a los proyectos y no exigir a la vez un PUE y un WUE tan estrictos: propone mantener el del agua y relajar el de la electricidad. Y avisa de que los requisitos podrían cambiar el ritmo y el lugar de la demanda, de modo que algunos proyectos que cuentan en la planificación eléctrica «podrían retrasarse, redimensionarse, desplazarse territorialmente o no llegar a materializarse en los términos inicialmente previstos». Spain DC, la patronal, sostiene que el informe avala sus principales advertencias (nota del 14 de octubre).

Por qué un centro de datos de IA gasta tanta electricidad

La razón está en los chips. Las tarjetas gráficas y los TPU que entrenan y ejecutan los modelos de IA trabajan a plena carga, y casi toda la electricidad que gastan acaba convertida en calor, que hay que sacar del edificio con más refrigeración. Además, el consumo es casi plano, igual de día que de noche y todo el año. El propio preámbulo del decreto lo recuerda, y añade que es demanda nueva, que no sustituye a otra que contamine. Es la misma carrera que está dejando sin memoria al mercado y encareciendo la nube, y la que ha llevado a Google a probar chips de IA en órbita.

En España, la CNMC cuenta unos 12 gigavatios de acceso a la red ya concedidos a centros de datos, otros 27 en trámite y más de 32 denegados. Para hacerse una idea, el máximo de demanda instantánea de la Península en 2025 fue de 40.070 megavatios (el 15 de enero), y el máximo histórico, de 45.450 (el 17 de diciembre de 2007). Un permiso no es consumo real, y el Gobierno calcula que en 2030 harán falta entre 3,5 y 4 gigavatios para los 2,5 de cómputo que prevé su estrategia de IA. Aragón acumula buena parte de esas peticiones, como explicamos al contar por qué las tecnológicas invierten miles de millones allí.

Tu factura de la luz, el empleo y tus datos

La factura

El Gobierno justifica el decreto con tu recibo. Si la demanda crece sin renovables nuevas, explica el preámbulo, se usa más gas, la tecnología que marca el precio, y la luz sube para todos los consumidores. Los recargos del artículo 10 irían al sistema eléctrico para compensar ese sobrecoste, según la nota del MITECO. Pedro Sánchez defendió la propuesta del Gobierno en una columna en Bloomberg que recogió Europa Press el 17 de septiembre: el objetivo, escribió, no es frenar el crecimiento sino «comerciar con bytes, no con vatios».

Ninguna de las fuentes calcula en euros cuánto cambiaría la factura de un hogar con el decreto o sin él. La CNMC, como se ha visto, cree que en las horas de precios negativos sobra electricidad renovable. El País publicó, según Xataka, que el Gobierno está abierto a suavizar el texto si los centros de datos no encarecen la luz.

El empleo

Un campus da mucho trabajo mientras se construye y bastante menos cuando funciona: Blackstone calculaba unos 1.200 empleos directos al año en la obra de su campus aragonés y hasta unos 200 después, según el acuerdo del Gobierno de Aragón publicado en el BOA. Ninguna fuente da cifras de empleo para el campus de Google.

Dónde se procesan tus datos

Lo que describe El Mundo es un campus que aún no existe. La región de Madrid funciona desde 2021 y ninguna fuente habla de tocarla. El aviso de Spain DC mira al futuro, y su directora ejecutiva, Begoña Villacís, lo dice así, según recoge Xataka: «Se construirá en otro lugar y será allí desde donde presten los servicios digitales a empresas y ciudadanos españoles». Las reglas de soberanía del decreto, por su parte, piden que ciertos datos se queden en la Unión Europea, sin exigir que estén en España.

Por qué todo se juega antes del 29-N

El 29-N es el domingo 29 de noviembre de 2026, el día de las elecciones generales que Pedro Sánchez convocó el 5 de octubre, con las Cortes disueltas desde el día siguiente, como contamos en el artículo sobre qué pasa con el Plan Auto+ tras la convocatoria. Un real decreto no necesita al Congreso, de modo que la disolución no lo frena.

El problema llega después de votar. La Ley del Gobierno dice que el Gobierno cesa tras las elecciones y que, en funciones, se limita al «despacho ordinario» de los asuntos públicos, salvo urgencia o interés general justificados. Según DCD, el Gobierno quiere aprobarlo a finales de octubre o principios de noviembre. Le faltan el dictamen del Consejo de Estado, la aprobación en el Consejo de Ministros y la publicación en el BOE, y entraría en vigor 20 días después.

El texto final puede no ser el de agosto. Hay más de 600 alegaciones. Aragón dice que ningún proyecto en trámite allí podría cumplirlo. A 6 de octubre, según DCD, Microsoft y Blackstone habían confirmado que mantienen sus inversiones en Aragón y AWS había pedido flexibilidad. Andalucía ha presentado alegaciones y Madrid ha expresado su preocupación por la seguridad jurídica, e Iberdrola y Telefónica también piden flexibilidad. El Español apunta, según DCD, a una versión algo más flexible que mantendría el 80 % hora a hora. El ministro Óscar López descartó una moratoria a principios de septiembre, en el encuentro de AMETIC en Santander. Si se aprueba, el próximo Gobierno lo heredará.

En Santander, el 23 de septiembre El Diario Montañés contó que Google había pedido la licencia de obra de la «Estación Marítima» y que el cable Sol debería empezar a tenderse en el segundo trimestre de 2027. Ninguna fuente dice que esa obra dependa del decreto. Lo que sí tiene fecha es el decreto: el Gobierno quiere aprobarlo antes de las elecciones del 29 de noviembre y, según El Mundo, ese texto es la primera parada de Google para decidir sobre su campus.

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